La Constitución elaborada a principios de los 80 por orden del dictador Pinochet, sus aliados, sostenedores y peones abrió un campo libre para el experimento neoliberal. Chile fue el primer país en el mundo en aplicar eficazmente las teorías económicas de Milton Friedman que reducen el Estado a un rol subsidiario en el que no se responsabiliza de asegurar los bienes básicos para todos. . Por el contrario, deja esa tarea en manos de actores privados sedientos de lucro, mientras que el Estado se limita a dar subsidios a la gente para ayudarle a pagar a los actores privados por, entre otras cosas: salud, educación, transporte, vivienda, energía, medicinas, alimentos y … agua.
Según la Constitución de Pinochet (1980), que todavía es la vigente, el agua del país es una mercancía comerciable como cualquier otra. En consecuencia todas las fuentes de agua son hoy en día propiedad privada de un puñado de empresarios nacionales y transnacionales que las venden al mejor postor. Pero no sólo eso. Para aumentar sus ganancias esos empresarios no han dudado, por ejemplo, en instalar aparatos de drenaje en el cauce de uno de los grandes ríos que abastecen toda una región primariamente agrícola, para dirigir esa agua a plantaciones privadas masivas de paltos y otras frutas, secando el río en corto tiempo y dejando a los pequeños agricultores locales y poblados en la sequía.
En otras partes del país el agua se prioriza para abastecer a las numerosas y lucrativas empresas mineras ( todas en manos privadas), actividad que además con sus residuos envenena las napas subterráneas y el mar. A lo largo del país ríos y lagos son violentados para facilitar la construcción de represas que generan cierta energía para la necesidad de la industria y de las grandes urbes pero destruyen la supervivencia de seres humanos, fauna y flora en la región de origen y causan desórdenes climáticos con catastróficas consecuencias.
Cómo fué posible? No hubo oposición?
Una condición básica para poder imponer el modelo neoliberal y una de las principales tareas de la dictadura (1973-1990) fué la destrucción por medio de violencia sin límite, tanto a nivel individual como social e institucional, contra toda oposición. Los sindicatos, asociaciones, partidos políticos y agrupaciones fueron prohibidos. Con el tiempo el régimen se vió obligado a mostrar al mundo un rostro menos brutal y las organizaciones fueron paulatinamente permitidas. El derecho a organizarse empezaba a recuperarse, pero a esas alturas la constitución pinochetista ya estaba instalada y las organizaciones relativamente independientes que surgieron fueron fuertemente vigiladas o infiltradas, manipuladas y debilitadas por agentes de la dictadura.
Sin embargo, como en todo sistema de opresión, el pueblo encontró la manera de desarrollar, con o sin permiso, formas de organización local comunitaria para sobrevivir. En ese contexto surgió la necesidad de defender el agua como un bien común no negociable.
Una lucha que se fue fortaleciendo durante los 33 años post dictadura, cuando el campesinado, pequeños pobladores, pequeños empresarios, mujeres jefes de hogar, grupos profesionales, pueblos originarios, y muchos otros se dieron cuenta de que con la caída de la dictadura terminaba la violencia armada pero nada más. Tanto los gobiernos postdictadura, atados de manos por la constitución de Pinochet, como las instituciones estatales debilitadas por la corrupción, solo se limitaban a administrar el sistema político-económico heredado de la administración pinochetista. Una herencia que sumía a más de la mitad de la población en la inseguridad y la angustia de un permanente y cada vez mayor endeudamiento, a un tercio de la población en la absoluta pobreza y dejaba a los jóvenes de esos estratos convertidos en herramientas útiles para el crimen organizado.
El agua, indispensable para la vida
En barrios marginales de las mayores ciudades chilenas todavía hay viviendas sin agua potable. En algunas comunas al interior, desde la mitad del Chile hacia el Norte, son cada vez más los municipios que deben comprar agua para consumo humano y repartirla a su población desde camiones aljibe. Algunos lagos y ríos se han secado para siempre. En algunos lugares la ganadería, tradicionalmente un rubro fuerte en la producción local, hoy muere o vive a medio morir. En el 2019 algunos municipios tuvieron que subvencionar el traslado temporal de miles de animales a otras regiones por la falta de agua. Así y todo hubo mucha mortalidad. El discurso oficial culpó a la falta de lluvia, lo que es cierto. Pero igualmente cierta es la destrucción ecológica desaforada en pro del crecimiento económico, permitida y promovida por la dictadura y profundizada por los gobiernos post-dictadura, y el acopio de recursos naturales por el gran empresariado.
La lucha por el derecho universal al agua y la protección de las fuentes hídricas ha sido en Chile un fuerte bastión de resistencia al neoliberalismo en su expresión más concreta. Pobladoras y pobladores, campesinas y campesinos, dirigentes sindicales de pescadores, pueblos originarios y otros han dado una tremenda batalla usando métodos no violentos como bloqueo ocasional de caminos, manifestaciones en autopistas, asambleas, marchas y velatones. Han logrado hacerse oír y por eso mismo despertado la molestia del gran empresariado que, según fuentes no oficiales y alternativas independientes, han tomado medidas.
Dirigentes locales de la lucha por el agua han sufrido y sufren hostigamiento abierto y amenazas anónimas . Macarena Valdés en el sur sur fue hallada muerta ( 2016 ) al igual que Alejandro Castro ( 2018) en la zona central, ambos según la version oficial por suicidio sólo días después de haber en encabezado acciones de resistencia contra la destruccion de importantes fuentes de agua, a pesar de que nada indica que sufrieran depresion ni menos que pensaran en suicidarse.
La lucha por la defensa del agua no solo ha involucrado a los sectores directamente afectados. Personas de grupos privilegiados desde una cierta conciencia ambientalista se han sumado a la defensa de algunos ríos, lagos y esteros. Con buen acceso a las esferas mediáticas y de poder han contribuido a poner el tema del agua en la agenda pública. Pero no muestran la fuerza, sustancia y perseverancia que tienen quienes ven el derecho a la vida suyo y de sus familias concreta y seriamente amenazado cada día.
El agua, un bien común no negociable
El derecho universal al agua como un bien común no negociable se inscribió en la primera propuesta de nueva constitución para Chile elaborada por 150 constituyentes elegidas y elegidos en elecciones libres (Mayo 2021). Mas de la mayoría era declaradamente opositora al neoliberalismo. Esa propuesta de nueva constitución que reemplazaría a la vigente instaurada por la dictadura fue presentada a fines de junio de 2022 y rechazada por la ciudadanía en un plebiscito dos meses y medio más tarde.
Nuevamente la derecha empresarial, dueña de casi todos los medios de comunicación lograba amedrentar, engañar, tergiversar, mentir, confundir y manipular sin tapujos sembrando el miedo y la desconfianza en la población. Una población que si bien es consciente de las injusticias y las carencias y sabe lo que ya no quiere más, parece no tener claridad sobre qué es lo que quiere en su lugar ni estar preparada para cambios estructurales fundamentales. Una población todavía incapaz de abandonar “la religion” de hiperconsumo impuesta por el sistema neoliberal y absorbida por las mentes humanas a todo nivel.
El “ser no no ser” en Chile significa “consumir más o no tanto” o “consumir ésto en vez de aquéllo”, aunque eso envuelva a la mayoría de los hogares en una vorágine de endeudamiento. La alternativa de no consumir no existe.
El presidente Boric que a la fecha llevaba apenas seis meses en el poder aclaró que lo que se rechazaba era es esa propuesta de nueva constitución, pero que la voluntad del pueblo de una nueva constitución para el país, expresada en las urnas en el plebiscito de 2020, siguió vigente y quee el gobierno buscaría la forma para que el proceso hacia una nueva constitución siguiera adelante. Pero para ese entonces ya empezaba a surgir un descontento hacia su gobierno. Y el apoyo popular decaía.
Escenario político
El pueblo esperaba del gobierno actual cambios radicales a corto plazo con consecuencias positivas evidentes y muy concretas en su diario vivir. Algo que ningún gobierno puede cumplir a pocos meses de asumir el poder a menos que use la coerción y la fuerza para lograrlo.
El rechazo a la propuesta de nueva constitución provocó una cierta estampida en algunos sectores de la izquierda independiente, en otros perplejidad, consternación, desilusión, decepción, desesperanza, parálisis. Dirigentes de base, obreras y obreros, campesinas y campesinos, trabajadoras y trabajadores de la cultura, intelectuales y profesionales que desde el estallido social de octubre 2019, y muchos ya desde antes, habían llevado el proceso sobre sus hombros estaban ahora agotados, desgastados y devastados. La derecha latifundista y empresarial a mediados del 2022 se había ya reorganizado y tomaba la ofensiva. Por su lado los partidos políticos tradicionales no estaban dispuestos a ver su rol y su poder debilitados, lo que podría haber ocurrido si la propuesta de nueva constitución se hubiera aprobado. Un perfecto escenario para la derecha que no demoró en “barrer la cancha”, tomar iniciativas e imponer sus verdades en los espacios públicos y mediáticos.
El proceso continúa
Después de meses de negociaciones el Senado aceptó la solución elaborada por los partidos políticos. Un grupo de expertos designados por esos partidos escribiría a puertas cerradas una nueva propuesta de constitución. La propuesta se enviaría a un Consejo Constitucional compuesto por más de 50 personas elegidas de antemano por la ciudadanía, para su revisión y corrección. Después de varias votaciones y revisiones internas se entregaría un texto final para que el pueblo de Chile se pronunciara sobre el mismo en un plebiscito a fines del 2023.
En la elección del Consejo Constitucional (Mayo 2023) la izquierda extraparlamentaria llamó a votar en blanco, nulo o no votar, argumentando que esta elección era una burla al pueblo movilizado. Un pueblo profundamente decepcionado de la clase política que desde el estallido social (Octubre 2019) había luchado masivamente en la calle por más de dos años exigiendo una nueva constitución. Los votos en blanco y nulos sumaron el 21,54%. El porcentaje de abstención, que también hubo a pesar de que el voto fue obligatorio, no ha sido aún publicado oficialmente. La derecha sacó a toda su gente a votar. El partido neofascista llamado “Republicanos” logró una amplia mayoría y con ello el control sobre el Consejo Constitucional.
Chile arriesga a retroceder 100 años
El 10 de septiembre de 2023 el Consejo Constitucional terminó la primera votación interna sobre el texto elaborado por el grupo de expertos. Entre otros el resultado de esta primera votación fue: rechazo a la propuesta de fin al lucro en los servicios básicos, a la paridad (igual representación de mujeres y hombres), al derecho a gratuidad en la educación superior y a la obligación de las fuerzas armadas de respetar los derechos humanos.
Aún queda una última vuelta de votación en un grupo mixto de consejeros y expertos y en Consejo Constitucional antes de que se entregue un texto final a la ciudadanía para ser aprobado o rechazado. Pero si la arremetida de la extrema derecha continúa con la misma fuerza que hoy Chile arriesga a retroceder 100 años en materia de derechos humanos y sociales y en justicia de género.
