Cada primavera, un lamento colectivo recorre Canadá. A medida que se acerca la fecha límite de abril para la declaración de impuestos, el ambiente predominante es de temor, resentimiento y evasión estratégica.
Estamos condicionados a ver este ritual anual como una pérdida: una sustracción de nuestro patrimonio personal, confiscado por una burocracia impersonal. .
Esta reacción no es casual. Es el resultado de un proyecto retórico de 40 años que ha logrado tachar los impuestos a nivel federal, provincial y municipal como una «carga». Hemos normalizado la idea de que el dinero en nuestros bolsillos es «nuestro» y el dinero en las arcas públicas se «desperdicia», o al menos se gasta de forma «ineficiente».
Esta narrativa no es solo cínica. Es corrosiva para la idea misma de democracia.
Es hora de replantear la tributación. Los impuestos no son un castigo. Son el mecanismo práctico mediante el cual establecemos una arquitectura de cuidados. Nos permite extender la compasión más allá de nuestra familia inmediata a personas que nunca conoceremos, garantizando que la atención no sea un lujo, sino un derecho común. También es algo que hacemos por nosotros mismos, para tener acceso a la atención cuando la necesitamos.
El lenguaje del “alivio”
El lenguaje moldea la realidad. Durante décadas, políticos de todo el espectro político han hecho campaña con promesas de “alivio fiscal”. La metáfora es poderosa porque es visceral: uno necesita alivio de un dolor de cabeza, un desastre o una carga pesada. Al presentar los impuestos como una aflicción, la conclusión lógica es que el objetivo de la buena gobernanza siempre debe ser reducirlos.
Cuando nos obsesionamos con los “derechos de los contribuyentes” en lugar de las “responsabilidades cívicas”, erosionamos la solidaridad necesaria para financiar programas universales. Olvidamos que el “alivio” de una reducción de impuestos a menudo resulta en la “carga” de infraestructuras en ruinas, mayores tiempos de espera en urgencias y escuelas con fondos insuficientes.
El gasto público nos libera del miedo. Nos da la libertad de movernos por una ciudad segura en transporte público. Cuando aunamos nuestros recursos, podemos adquirir juntos cosas que ni siquiera los ricos podrían permitirse solos: un sistema de parques nacionales, una estrategia de respuesta ante pandemias, un plan de pensiones universal.
Cuando debilitamos al Estado, no liberamos al individuo, sino que aumentamos el costo de vida. Reemplazamos la tributación progresiva con tarifas de usuario regresivas, aumentos en las matrículas universitarias y primas de seguros privados. Cambiamos una factura basada en la capacidad de pago por una factura basada en la necesidad, un intercambio que siempre castiga a los pobres y a la clase trabajadora.
Financiamiento de la economía del cuidado
Durante demasiado tiempo, hemos visto la economía como una máquina que produce bienes, mientras que el cuidado —salud, educación, cuidado infantil, así como el apoyo a personas con discapacidad y ancianos— lo vemos como una carga para esa máquina. En realidad, el cuidado es la economía. Es el terreno fértil donde crece toda la productividad.
Los impuestos son la forma en que aunamos nuestros recursos para financiar este cuidado a gran escala. No se trata simplemente de pagar el turno de una enfermera; Se trata de financiar la vasta e invisible infraestructura que hace posible su labor. Se trata de la facultad de medicina que los formó, la investigación financiada con fondos públicos que desarrolló los tratamientos que administran y la red hospitalaria que está preparada para cualquier emergencia. Este nivel de coordinación —construir sistemas en lugar de simplemente adquirir servicios— es algo que la caridad privada o la riqueza individual simplemente no pueden replicar.
Esto no es “despilfarro público”. Son actos de solidaridad implementados por el Estado. Cuando los desfinanciamos, no estamos “ahorrando dinero”. Estamos incurriendo en un acto de negligencia colectiva. Estamos optando por dejar que nuestros vecinos queden desamparados para poder conservar un porcentaje ligeramente mayor de nuestro salario.
Afrontando la crisis de confianza
Por supuesto, pedir a los progresistas que acepten los impuestos se topa con una dura realidad: no todos los impuestos se destinan a la atención médica.
Para muchos en la izquierda, la reticencia a defender los impuestos no nace del egoísmo, sino de una profunda desconfianza. Resulta difícil sentir orgullo cívico al ver cómo se desvían fondos públicos para aumentar el gasto en defensa, subvencionar oleoductos de combustibles fósiles o cubrir los costos de las subvenciones a empresas.
Este escepticismo es válido, pero requiere un análisis realista.
Si bien los titulares se centran, con razón, en el gasto controvertido, la gran mayoría de nuestro presupuesto federal sigue sirviendo al bien público. Es cierto que los planes de gasto actuales prevén un aumento significativo del gasto en defensa. Sin embargo, incluso con este giro agresivo hacia el gasto militar, las transferencias a personas (como la Seguridad de la Vejez y el Subsidio por Hijos de Canadá) y las transferencias a otros niveles de gobierno (principalmente para la salud y la educación) representan más del 50 % del gasto federal total.
Por cada dólar que se destina a un proyecto al que nos oponemos, muchos más se destinan directamente a garantizar vivienda, atención médica y alimentación para nuestros vecinos.
Si retiramos nuestro apoyo moral a los impuestos porque no nos gustan partidas específicas, estamos cometiendo un grave error. La cruel ironía de «matar de hambre a la bestia» es que la «bestia» —los aspectos militarizados y alineados con las grandes corporaciones del Estado— rara vez es la parte que sufre las consecuencias. Cuando disminuyen los ingresos, los aviones de combate rara vez son lo primero que se recorta. Las primeras víctimas suelen ser las bibliotecas, las escuelas, el transporte público y la sanidad.
Debemos aceptar dos verdades difíciles a la vez: nuestra democracia tiene profundas fallas, está controlada por intereses particulares y a menudo resulta decepcionante, pero sigue siendo nuestra mejor opción. El gasto colectivo es la única palanca lo suficientemente poderosa como para resistir la privatización de todo. No podemos ceder el control de los ingresos a quienes quieren desmantelar el Estado. Pagamos impuestos no para respaldar cada decisión del gobierno de turno, sino para mantener los servicios públicos en funcionamiento y así conservar una democracia por la que luchar.
De contribuyentes a ciudadanos
¿Cómo cambiamos esta narrativa? Requiere un cambio cultural.
Debemos dejar de justificar los impuestos. La retórica progresista suele caer en la trampa de presentar los impuestos únicamente como una corrección a la riqueza extrema. Si bien gravar al uno por ciento más rico es un imperativo económico y moral, basarse exclusivamente en este planteamiento conlleva el riesgo de validar la idea de que la tributación es, en esencia, un castigo. No podemos construir una cultura tributaria solidaria si tratamos las contribuciones de la clase trabajadora y la clase media como una tragedia. Independientemente del tramo impositivo, debemos dejar de ver estos pagos como una pérdida y empezar a defenderlos como la estructura necesaria de una sociedad justa.
Los llamados a «gravar a los ricos» suenan vacíos en una sociedad que desconfía inherentemente del Estado. Los ricos lo saben. Se valen del sentimiento generalizado antitributario para retrasar la reforma, sabiendo que mientras el ciudadano medio odie al fisco, el multimillonario seguirá a salvo. Para romper este estancamiento, debemos cambiar la narrativa para todos, no solo para los más ricos. Cuando todos acepten la tributación como una herramienta para el bienestar colectivo, eliminaremos la justificación social que los ricos utilizan para evadir impuestos.
Imaginemos que viéramos la temporada de impuestos no como una incursión del gobierno, sino como una fiesta de la cosecha. Un momento en el que reunimos colectivamente los recursos necesarios para educar a la próxima generación de niños, para curar a nuestros enfermos, para dar vivienda a nuestros vecinos y para que nuestra economía deje de depender de los combustibles fósiles.
Hay una profunda dignidad en contribuir al bien común. Deberíamos sentir orgullo al contemplar una nueva biblioteca, un hospital en funcionamiento o un espacio verde protegido y decir: «Yo ayudé a construirlo».
La próxima vez que un político federal, provincial o municipal les prometa «ayuda», pregúntenle qué parte de nuestra infraestructura sanitaria planea desmantelar para financiarla. Y cuando presenten su declaración de impuestos este año, intenten ver esa cifra final no como una pérdida, sino como su participación en un Canadá más justo, más compasivo y más próspero.
Mohini Athia is Director of Communications at COPA (infocopa.com), offering schools in Ontario a range of programs and resources focusing on buying prevention, human rights and equity and inclusion. Mohini is also a secondary school teacher specializing in business studies and special education. She is a Resource Movement member living in Toronto.
Publicado originalmente en POLICY ALTERNATIVES / Canadian Centre for Policy Alternatives bajo una Creative Commons Licence.
Traducción: DIÁLOGOS
Every spring, a collective groan rolls across Canada. As the April tax-filing deadline approaches, the prevailing cultural mood is one of dread, resentment, and strategic avoidance. We are conditioned to view this annual ritual as a loss—a subtraction from our personal wealth, confiscated by a faceless bureaucracy.
This reaction isn’t accidental. It is the product of a 40-year rhetorical project that has successfully branded taxation at federal, provincial, and municipal levels as a “burden.” We have normalized the idea that money in our pockets is “ours” and money in the public purse is “wasted”—or at least “inefficiently” spent.
This narrative is not just cynical. It is corrosive to the very idea of democracy.
It’s time to reframe taxation. Taxation is not a penalty. It’s the practical mechanism by which we establish an architecture of care. It allows us to extend compassion beyond our immediate family to people we will never meet, ensuring that care is not a luxury product, but a common right. It is also something we do for ourselves, so we can have access to care when we need it.
The language of “relief”
Language shapes reality. For decades, politicians across the spectrum have campaigned on promises of “tax relief.” The metaphor is powerful because it is visceral: you need relief from a headache, a disaster, or a heavy weight. By framing taxes as an affliction, the logical conclusion is that the goal of good governance must always be less of them.
When we obsess over “taxpayer rights” rather than “civic responsibilities,” we erode the solidarity required to fund universal programs. We forget that the “relief” of a tax cut often results in the “burden” of crumbling infrastructure, longer ER wait times, and underfunded schools.
Public spending buys us freedom from fear. It buys us the freedom to move through a safe city on public transit. When we pool our resources, we can purchase things together that even the wealthy could not afford alone: a national park system, a pandemic response strategy, a universal pension plan.
When we starve the state, we don’t liberate the individual, we raise the cost of living. We replace progressive taxation with regressive user fees, tuition hikes, and private insurance premiums. We trade a bill based on ability to pay for a bill based on need—a trade that always punishes the poor and working class.
Funding the care economy
For too long, we have viewed the economy as a machine that produces widgets, while viewing care—health, education, child care, as well as disability and elder support—as a drain on that machine. In reality, care is the economy. It is the soil in which all other productivity grows.
Taxation is how we pool our resources to fund this care at scale. It is not merely paying for a nurse’s shift; it is funding the vast, invisible infrastructure that makes their work possible. It is the medical school that trained them, the publicly funded research that developed the treatments they administer, and the hospital network that stands ready for any emergency. This level of coordination—building systems rather than just buying services—is something that private charity or individual wealth simply cannot replicate.
These things are not “government waste.” They are acts of solidarity operationalized by the state. When we underfund them, we are not “saving money.” We are engaged in an act of collective neglect. We are choosing to let our neighbours slip through the cracks so we can keep a slightly larger percentage of our paycheque.
Confronting the crisis of trust
Of course, asking progressives to embrace taxation encounters a hard reality: not every tax dollar buys care.
For many on the left, the reluctance to defend taxation isn’t born of selfishness, but of profound distrust. It is difficult to feel a swell of civic pride when we see public funds diverted to expand defense spending, subsidize fossil fuel pipelines, or cover the costs of corporate handouts.
This skepticism is valid, but it requires a reality check.
While headlines rightly focus on controversial spending, the vast majority of our federal budget still serves the public good. It is true that current spending plans mean defence spending is projected to rise significantly. Yet even with the aggressive pivot toward military spending, transfers to persons (like Old Age Security and the Canada Child Benefit) and transfers to other levels of government (primarily for health care and education) make up more than 50 per cent of all federal spending.
For every dollar that goes to a project we oppose, many more go directly to keeping our neighbours housed, healed, and fed.
If we withdraw our moral support for taxation because we dislike specific line items, we are throwing the baby out with the bathwater. The cruel irony of “starving the beast” is that the “beast”—the militarized, corporate-aligned aspects of the state—is rarely the part that starves. When revenue drops, fighter jets are rarely the first item cut. The first casualties tend to be libraries, schools, transit, and health care.
We must learn to hold two difficult truths at once: our democracy is deeply flawed, captured by interests, and often disappointing—but it remains our best bet. Collective spending is the only lever powerful enough to push back against the privatization of everything. We cannot cede the terrain of revenue to those who want to dismantle the state. We pay taxes not to endorse every decision of the government of the day, but to keep the lights on in the public sphere so that we have a democracy left to fight for.
From taxpayers to citizens
How do we shift this narrative? It requires a change in culture.
We need to stop apologizing for taxation. Progressive rhetoric often falls into the trap of framing taxes solely as a correction for extreme wealth. While taxing the one per cent is an economic and moral imperative, relying exclusively on this framing risks validating the idea that taxation is, at its core, a penalty. We cannot build a supportive tax culture if we treat the contributions of working and middle-class people as a tragedy. Regardless of the bracket, we need to stop viewing these payments as a loss, and start defending them as the necessary architecture of a fair society.
Calls to “tax the rich”’ ring hollow in a society that inherently distrusts the state. The wealthy know this. They rely on general anti-tax sentiment to stall reform, knowing that so long as the average citizen hates the taxman, the billionaire remains safe. To break this deadlock, we must change the narrative for everyone, not just the top bracket. When everyone embraces taxation as a tool for collective care, we remove the social license the wealthy use to opt out.
Imagine if we viewed tax season not as a government raid, but as a harvest festival. A moment where we collectively gather the resources required to educate the next generation of children, to heal our sick, to house our neighbours, and to transition our economy away from fossil fuels.
There is a profound dignity in contributing to the common good. There should be pride in looking at a new library, a functioning hospital, or a protected green space and saying, “I helped build that.”
The next time a federal, provincial, or municipal politician promises you “relief,” ask them what part of our care infrastructure they plan to dismantle to pay for it. And when you file your return this year, try to view that final number not as a loss, but as your stake in a fairer, kinder, and more robust Canada.
