El asalto a la embajada de México en Ecuador ordenado por el presidente Daniel Noboa -el hijo de un hacendado bananero quizás incapaz de comprender la gravedad de sus propios actos- ha sido presentado como un caso sin precedentes en la región, pero no es exactamente así. Algo similar sucedió antes. .

Y vale la pena recordar cuándo, dónde y por qué para entender mejor lo que puede haber detrás de este nuevo caso de desborde autoritario injustificable -y al parecer incomprensible.

La irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la embajada de México en Quito la noche del 5 de abril, la violencia física ejercida sobre el embajador mexicano que intentó impedir que penetraran en la sede diplomática, y el secuestro del dos veces vicepresidente Jorge David Glas, incumple convenios internacionales considerados pilares del derecho internacional como las Convenciones de Viena y el Convenio de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, entre otros, por lo que ha sido condenada por la prensa internacional y por gobiernos de todo el mundo -desde los de EEUU y la Unión Europea hasta los de Brasil o la Federación Rusa- por lo que cabe preguntarse qué habrá intentado conseguir Daniel Noboa al tomar una decisión que al parecer lo perjudica en el plano internacional.

Una de las interpretaciones -para nada desechable- se centra en su personalidad. Para Mónica Palacios, parlamentaria de Revolución Ciudadana elegida a la Asamblea Nacional por los ecuatorianos residentes en los EEUU y Canadá, Daniel Noboa es “un niño rico malcriado con banda presidencial” que “cree que Ecuador es una de sus haciendas y puede hacer en el país lo que le plazca”.

Algo de eso hay, por supuesto y no es ésta la primera vez que el heredero del  multimillonario Rafael Noboa, -que a través de su hijo alcanza una presidencia que hasta ahora la ciudadanía siempre la había negado- se enreda en situaciones que avergüenzan a su país. El affair de la asistencia militar a Ucrania pretendiendo donarle a Vladimir Zelensky armas rusas, fue quizás el que más conmoción alcanzó, sobre todo por la rapidez con la cual enmendó su error cuando le comunicaron que la Federación Rusa, el principal comprador de bananas ecuatorianas, podría prescindir de ellas.

Sin embargo ese y otros errores, como el de salir de un restaurante ebrio y gritando -al parecer desaforadamente- “llévenme de farra” mientras se encontraba de visita oficial en España, no son violaciones graves del derecho internacional como la que ahora nos ocupa. Además, si hemos de creerle a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, esta vez la decisión no fue inconsulta sino que, en consejo de ministros, se habían estudiado las posibles repercusiones negativas del atropello antes de que se tomara la decisión de cometerlo. Lo que quiere decir que en esta oportunidad, al atravesar la línea roja, el joven heredero transformado en presidente, estaba sobrio y sabía lo que hacía.

Otro momento; otra embajada

Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de la Rep. Argentina, recordaba en estos días que hasta las dictaduras militares de los ’70 habían evitado caer en semejante descrédito internacional y que ni siquiera Augusto Pinochet se había atrevido a penetrar en embajadas como las de Italia, Argentina o Canadá, que albergaban perseguidos políticos (a quienes, obviamente la dictadura chilena no les reconocía la calidad de tales). Sin embargo sí hubo al menos un caso, y nos ha parecido útil recordarlo.

El 28 de junio de 1976, una mañana muy fría de inicios del invierno, la maestra y militante anarquista uruguaya de 30 años Elena Quinteros, detenida desde hacía 3 días en el centro clandestino de detención y torturas conocido como 300 Carlos, ya lastimado y debilitado su cuerpo menudo por el trato que se daba en lugares como ése a los prisioneros, convenció a quienes la interrogaban de que ese día debía encontrarse con uno de sus compañeros y que si la llevaban al lugar de la cita, se los entregaría.

De esa forma, se hizo conducir hasta la esquina en la que se encontraba la embajada de Venezuela y en un descuido de sus captores trepó a la verja, saltó a los jardines y corrió hacia el portal de entrada, gritando quién era y solicitando refugio. Lo que sucedió a continuación fue breve y sólo lo conocemos a partir del relato del personal de la embajada. Sus captores penetraron al recinto sin que la guardia hiciera nada por impedirlo, forcejearon con ella y con el personal de la embajada que intentaba socorrerla, la arrastraron fuera y le quebraron una pierna mientras la introducían a la fuerza al vehículo militar en que la habían trasladado. Nunca más se la vio. Permanece desaparecida desde entonces.

Venezuela realizó a las pocas horas un enérgico reclamo para que Elena les fuera entregada ya que había sido secuestrada en su territorio, rompió relaciones con el Uruguay, situación que se mantuvo hasta1985, y el caso tuvo repercusión internacional, pero por lo que hoy sabemos, la noche del 3 de julio, en una reunión del más alto nivel entre el presidente Jaun María Bordaberry, su canciller Juan Carlos Blanco y los mandos del ejército, se tomó la decisión de no entregar “a esa mujer” pasara lo que pasara.

No por la importancia que ella tuviera en un contexto en el que todas las organizaciones armadas habían sido derrotadas y desmanteladas, sino pura y simplemente para dar una imagen de firmeza y fortaleza a prueba de críticas y sensiblería. Se la mató para demostrarle al país y al mundo que podían hacerlo. Que la lucha contra ese “enemigo público” que ella representaba no merecía piedad ni respeto de ninguna índole.

Noboa y el referendum del 21 de abril

La joven mujer sacada a empellones de una sede diplomática en la que buscó refugiarse y asesinada luego para que cuatro irresponsables se sintieran por sobre las leyes internacionales y para que quienes esperaban algún bien de todo aquello -que no eran pocos- pudieran sonreir satisfechos y tranquilos, tiene un paralelismo indiudable con lo sucedido con el ex-vicepresidente de Ecuador y el asalto a la embajada mexicana.

Daniel Noboa, acosado por sus tropiezos en el área económica, enfrentado al descontento generalizado por el reciente aumento del los impuestos en abierto desconocimiento de sus promesas de campaña, criticado internacionalmente por lo que dentro y fuera del país se ven como “niñerías de heredero maleducado”, ensoberbecido por la “seguridad” que sus acercamientos geopolíticos con Washington le hacen presentir, conocedor de que si no hace algún esfuerzo para adoptar poses de estadista y hombre fuerte podría no tener el resultado que espera en el referendum y consulta popular del 21 de abril, necesita plantearle a sus votantes de octubre de 2023 una alternativa de hierro. Ellos, los delincuentes y el narcotráfico o nosotros. Yo, el bananero, o el retorno al poder del correísmo. Occidente o el caos.

Ese día la ciudadanía ecuatoriana deberá responder once preguntas, de las que cinco implican reformas a la carta magna. Entre los asuntos que se votarán está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales, y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.

(Abramos aquí un brevísimo paréntesis para destacar el parecido asombroso que existe entre las propuestas de Noboa para este 21 de abril con los inumerables cambios constitucionales y el pedido de poderes especiales en materia económica, jurídica, laboral y de seguridad que Javier Milei le reclama al Congreso argentino desde que asumió en diciembre de 2023).

Este plebiscito se celebrará en Ecuador a menos de un año de las nuevas elecciones generales, cuya primera vuelta está prevista para el 9 de febrero de 2025, y algunas de sus propuestas ya recibieron una respuesta negativa en el plebiscito que impulsó el año pasado Guillermo Lasso.

Noboa, para ganar esta vez y poder cimentar sus posibilidades de ser reelecto en 2025 necesitaba cohesionar detrás suyo a ese sector de la población para el cual no existen demasiadas diferencias entre la política internacional y los campeonatos de futbol, y que saca los dientes y exhibe los colmillos cada vez que escucha hablar del retorno de las políticas públicas de igualdad y justicia social que ponen en riesgo lo que piensan que debe ser suyo.

¿Un pasado que vuelve?

De momento, la aventura de Noboa le costó al Ecuador no sólo la ruptura de relaciones con México, la principal economía latinoamericana después de Brasil, sino el que otros países como Bolivia o Nicaragua estén evaluando proceder de igual forma. Por otra parte, miembros del Parlasur de Argentina y Uruguay solicitarán la exclusión de Ecuador del Mercosur, bloque del que participa como estado asociado desde hace 20 años. Y a estar por lo que se ha anticipado Ecuador tendrá vedada su entrada al Pacto Andino hasta que Noboa revea su posición.

Podría suceder, aunque no es para nada seguro, que la jugada salga mal. Pero aún así, habrá que seguir los acontecimientos con atención.

La tragedia de Elena, secuestrada, torturada y asesinada sin que en aquel momento fuera posible reclamar públicamente por ella, tuvo como telón de fondo la puja entre proyectos que pretendían construir sociedades más solidarias y la emergencia de las dictaduras militares saqueando las instituciones y protegiendo los intereses de los más fuertes. Los enfrentamientos, las intervenciones, las ensoñaciones y las sangrías propias de la Guerra Fría.

Lo que acaba de suceder en Ecuador con Jorge Glas -aunque carezca de aquel dramatismo- y lo que sucede de un modo u otro en cada país de América Latina en donde comienzan a hacerse evidentes los efectos de  los re-alineamientos geoestratégicos, la desintegración regional y la radicalización neoconservadora, bien mirado, no apunta hacia objetivos demasiado diferentes.