Ontario: autoritarismo vs. derechos laborales. Esto no es más que el comienzo

Que Canadá haya sido, hasta hace apenas 5 años, uno de los 22 países que aún se negaban a ratificar la Convención de la OIT Nº 98, que protege el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva -aprobada en las Naciones Unidas en 1949- puede explicar lo que sucede hoy en Ontario. Algo que, por supuesto, es inadmisible. .

 

El enfrentamiento entre el gobierno provincial conservador de Dough Ford con los y las trabajadoras auxiliares de la educación, que reclaman algo de una justicia elemental, como es recuperar apenas algo de lo que han perdido sus salarios a lo largo de los 10 últimos años, y la respuesta desproporcionada y brutal desde el punto de vista legislativo que se le ha dado a sus reclamos podría parecer incomprensible.

Como Recuerda Nora Loreto en su nota para Passage Authoritarianism is now Canada’s default response to organized labour:

“Wages for these workers have effectively suffered a 10.2 per cent real wage cut over the past decade, with 98 per cent of them who are women earning less than $60,000. More than half of these workers have multiple jobs to make ends meet, and 60 per cent are laid off every summer. These are the workers who sit with students who need extra help, who bring the sawdust to class when little Jaxxon barfs, keep the hallways clean and bathrooms usable, and get rid of broken classroom chairs. They’re the backbone of the system and they’re paid garbage wages. It’s no surprise that these conditions led to a 96.5 per cent strike mandate.

In 2015, the Supreme Court of Canada ruled that collective bargaining is a constitutionally-protected right. This means that for Ford to be able to impose this contract on these workers, he’ll need to invoke the notwithstanding clause. Prior to Ford, it had never been used in Ontario. If he goes through with it, it will be the second time he has done so since taking power in 2018, and the third time he has discussed it.”

Como decíamos antes, puede parecer incomprensible que se responda con tan poco repeto a quienes reclaman algo tan justo… En primer lugar, porque la provincia cuenta con dinero suficiente como para que la recuperación salarial que se le reclama se pueda atender sin que ello acarree una alteración importante de sus finanzas.

En segundo lugar porque sería de estricta justicia que las mujeres y los hombres sobre cuyos hombros descansa toda la estructura del sistema educativo, que tuvieron además a su cargo las tareas más críticas durante la pandemia y durante el período de recuperación de la normalidad que aún no ha finalizado, no resultaran ser, una vez más, los más postergados.

Y en tercer lugar, porque ¿a quién en su sano juicio se le podría ocurrir, en pleno Siglo XXI, que es posible tratar a 55.000 trabajadores libres -que no realizan tareas reconocidas como esenciales- como si fueran siervos sin derechos? ¿Quién podria pensar que en 2022 es admisible legislar de la noche a la mañana para obligarlos a trabajar aunque colectivamente decidan no hacerlo, aplicarles multas individuales diarias superiores a sus salarios mensuales en caso de que no obedezcan y, como si todo lo anterior no fuera ya suficientemente absurdo, aplicar esa anomalía llamada Notwithstanding Clause para imponerles un contrato lesivo para sus intereses, y contra el que no podrán apelar de ningún modo de aquí a 5 años?

No obstante, es así

Es precisamente en ese tercer punto en donde podemos encontrar algunas pistas que nos permitan entender el aparentemente absurdo camino tomado por Dough Ford y su equipo de gobierno. Porque por extraño que nos parezca, ese camino está lejos de ser absurdo, ya que forma parte de una cultura largamente arraigada en un país que cierra los ojos y la tolera.

Comencemos por el final. La Notwithstanding Clause, esa especie de e pour si muove pero sin gloria, a la que nos hemos referido  extensamente en una nota reciente de Jon Milton permite a los Premier provinciales o a los Primeros Ministros hacer a un lado preceptos constitucionales con la sóla condición de contar con una mayoría simple de votos en sus respectivas legislaturas, algo con lo que -dado el sistema electoral canadiense-, siempre cuentan. De ese modo les es posible imponer sus voluntades por encima de la Canadian Charter of Rights and Freedoms, en temas en los que no los asiste el derecho, con efectos que continúan vigentes durante un lapso de 5 años.

Esa prerrogativa existe y no fue incluída allí por error. Quienes la redactaron sabían lo que estaban haciendo. Y continúa vigente no porque no haya recibido críticas cada vez que ha sido utilizada (tiene la rara virtud de que poquísima gente la aplaude), sino porque a ningún partido de los que en Canadá se alternan en el poder, se le ha pasado jamás por la cabeza que debiera derogarse.

Y si bien es cierto que exceptuando la provincia de Québec la Notwithstanding Clause no ha sido utilizada con excesiva frecuencia, no es menos cierto que Dough Ford parece haberse encariñado con ella, al punto de que esta vez no la sacó a relucir para contrarrestar algo que ya estuviera ocurriendo (en este caso la detención de actividades de los trabajadores), sino para impedir que éstos pudieran adoptar una decisión en tal sentido. Y para obligarlos a aceptar un contrato de trabajo contrario a sus intereses, contra el cual no podrán apelar ni siquiera ante los tribunales de justicia laboral hasta 2028.

Alison Braley-Rattai, Profesora Asociada de Estudios Laborales de la Brock University en su nota para The Conversation Ontario school strike:Government’s use of the notwithstanding clause -again- is an assault on labour relations, destaca bien el carácter abusivo del uso de esa legislación en estas particulares circunstancias:

“While most contract negotiations are settled without labour disruption, the threat of disruption is used as leverage by unions to move past impasses where they occur.Ontario Superior Court Justice Thomas Lederer, in his decision on Bill 115, said the province’s labour relations are rooted in the notion that “the employer has power and the employee does not” and that “the ability of employees to act collectively” narrows that power gap.

Threats of labour disruption act to motivate the parties, usually in the days and hours leading up to a strike deadline, to reach a settlement neither party would propose but both can accept.

Ontario Education Minister Stephen Lecce’s stated refusal to even consider CUPE counter-offers unless it first calls off all job action is at odds with his stated intention to keep kids in school. It’s also at odds with the very heart of our labour relations model.”

La Keeping Students in Class Act y la nostalgia autoritaria

Si bien la utilización de la Notwhithstanding Clause le otorgó al gobierno de Dough Ford la posibilidad de obligar a los trabajadores a aceptar algo de por sí inaceptable, pocas horas antes el Parlamento provincial se había hecho responsable de la aprobación de la Keeping Students in Class Act, que en los hechos transformaba cualquier interrupción de actividades de los 55.000 trabajadores y trabajadora implicadas en la protesta, en una falta grave pasible de ser castigada con multas de hasta $ 4.000 por cada día no trabajado.

Sin embargo eso, que puede parecernos ajeno a todo concepto de derecho laboral tal como se lo entiende en la mayor parte de los países civilizados -y en especial en los que se ven a a sí mismos como desarrollados-, es algo que, lamentablemente, en Canadá sucede con frecuencia, aunque esta vez la legislación haya sido promulgada no para inducir a los trabajadores a reanudar sus tareas, sino para que ni siquiera intentaran ejercer sus derechos.

En la nota de Passage que ya citamos, su autora hace un repaso de los momentos en que ese tipo de legislación fue implementada en los últimos años, pero la sorpresa que puede causarnos ese desconocimiento reiterado (y creciente) de lo que son derechos básicos, se comprende mejor si tenemos en cuenta lo que recordábamos al principio.

Canadá fue, hasta el 14 de junio de 2017, uno de los 22 países que se negaron, durante más de 60 años, a ratificar el Convenio Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene como propósito proteger el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo.

Hasta ese año (ver aquí el listado de la OIT), el país tuvo el triste honor de integrar la reducida lista de Estados que, con diferentes razones, se habían negado a firmar el acuerdo, entre los que se cuentan Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, la República Popular China o Viet Nam.

Por supuesto, existen en Canadá organizaciones sindicales poderosas, y se cumplen en estos días 150 años desde el primer gran conflicto que enfrentó a los trabajadores de las imprentas de Toronto con las podrosas empresas que manejaban la única prensa existente por entonces. A partir de aquel temprano movimiento se reconocieron el derecho de agremiación y el de huelga. Pero al carecer el país de los mecanismos de protección de derechos que promueve la Convención Nº 98 de la OIT, los sindicatos debieron enfrentarse siempre a subterfugios legales que dificultaron al máximo que los trabjadores ejercieran sus derechos fundamentales

Aquella empecinada negativa a ser como los demás (como si ser peor fuera una seña de identidad), o a comprometerse a respetar y proteger derechos casi universalmente reconocidos (pensemos que, por ejemplo, países como Suecia, Francia o el Reino Unido ratificaron la Convención Nº 98 en 1950, y la mayor parte de los países con sistemas democráticos lo hizo en esa misma década), ha estado en la base de lo que en Canadá es algo más que el fruto de una legislación pobre que pervive como un mal recuerdo originado en el imperio y la colonia. Es una cultura.

Porque los usos sociales no cambian necesariamente antes, o a partir de que una ley se promulga, sino cuando el espíritu de esa ley se hace carne a todos los niveles de la urdimbre social.

Esa cultura, a pesar de la existencia de organizaciones sindicales que por regla general defienden bien a sus afiliados (pero que cada año que pasa nuclean a un porcentaje menor de ellos), está encastrada en el mundo empresarial y en las elites dirigentes, al punto de que les resulta natural ver en los trabajadores sujetos que deberían estar siempre a su servicio.

Volviendo al hoy

El conflicto que ha quedado planteado podría tener el mismo fin que otros en similares cicunstancias, y no sería una sorpresa si el gobierno provincial, prepotente y armado de una legalidad para nada virtuosa, se sale con la suya.

Es de desear, por supuesto, que los y las trabajadoras que en este momento han iniciado un camino de difícil retorno armados sólo con la razón, triunfen. Y para ello necesitarán una opinión pública que no se deje engatusar con mensajes del tipo “nuestros niños están perdiendo su derecho a ser educados” y que el resto de las organizaciones laborales sea capaz de tener el valor de sumar su esfuerzo a una causa que más temprano que tarde será también la suya.

Porque si no son detenidos a tiempo, para Dough Ford y su equipo de conservadores nostálgicos, esto no será más que el comienzo.


 

Algunas horas después de publicada esta nota, y ante el apoyo masivo a los y las trabajadoras en huelga, el gobierno provincial ha asegurado que retorna a la mesa de negociaciones y eso le da a esta instancia un nuevo marco, que parece ser más auspicioso del que estaba planteado. Crucemos los dedos.

DIÁLOGOS
DIÁLOGOShttps://dialogos.online
Una experiencia de periodismo independiente/independiente a cargo de Latin@s en Toronto (con la colaboración de amigues de aquí, de allá y de todas partes)