Cuando el ministro de Educación de Ontario, Stephen Lecce, presentó el Proyecto de Ley 28 el 31 de octubre, no hacía más que continuar una larga tradición canadiense de illegalización de los conflictos laborales, y abriendo nuevos caminos en la criminalización del derecho de huelga. .

El Proyecto de Ley 28, engañosamente titulado «Ley para mantener a los estudiantes en clase», es un intento de poner fin de manera preventiva a una huelga de los trabajadores de la educación afiliados a CUPE, que estaba programada para comenzar el día 3 de noviembre. El proyecto de ley, en realidad, no está enfocado en la defensa de los derechos de los estudiantes a no perder días de clase, sino que refleja las intenciones de un gobierno que intenta quebrar el poder de los trabajadores del sector público para negociar colectivamente.

Los trabajadores de la educación a los que apunta sus baterías el gobierno son el personal de apoyo, como conserjes, bibliotecarios y educadores de la primera infancia, que se encuentran entre los peor pagados del sistema educativo de Ontario, con un promedio de $39,000 por año, según CUPE. Los trabajadores han estado exigiendo aumentos salariales para equipararlos a otros trabajadores de la educación. El Ministerio de Educación respondió ofreciendo 1,5 a 2,5 por ciento, lo que equivale a un recorte salarial significativo después de la inflación.

Cuando el sindicato notificó al gobierno su intención de ir a la huelga, el Ministro de Educación presentó el Proyecto de Ley 28, que declara preventivamente ilegal la huelga de CUPE e imponía unilateralmente un contrato lesivo.

La situación está en proceso, pero hay un contexto importante a tener en cuenta a medida que los ánimos se caldean.

1) Esta es la primera vez que la notwithstanding clause (que en adelante traduciremos como «cláusula de no obstante») se utiliza contra el derecho de huelga

La sección 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, conocida como la “cláusula no obstante”, permite a los gobiernos suspender los derechos fundamentales por un período de hasta cinco años. Originalmente, los autores de la carta creían que la cláusula de excepción se usaría con extrema moderación, porque creían que sería un suicidio político suspender la constitución.

Nota de Diálogos: estamos ante un extraño caso en lo que tiene que ver con técnicas constitucionales: la constitución incluye una clausula que permite que el gobierno (federal o provincial) incumpla preceptos establecidos en la propia constitución (dándole así a un Primer Ministro o a un Premier atribuciones cuasi dictatoriales que provinen de los sistemas monáquicos), sobre la idea de que se trata de algo tan «anormal» que ningún gobierno se atreverá a hacerlo.

Esta es ya la tercera vez que el gobierno de Ontario, bajo el mando del Primer Ministro Doug Ford, utiliza la cláusula de excepción, que nunca antes se había utilizado en la provincia. Tampoco se ha utilizado nunca antes contra el derecho a la huelga, excepto una vez en Saskatchewan en la década de 1980, que los tribunales luego consideraron innecesaria debido a que la legislación antihuelgas era legal. En el caso de Ontario, es casi seguro que la legislación aprobada no sería legal sin la cláusula.

A pesar de que los autores del texto constitucional consideraron la cláusula de excepción como una herramienta que probablemente no se usaría con frecuencia, las dos provincias más grandes de Canadá la han usado cinco veces en los últimos cuatro años, un aumento dramático en la frecuencia si se lo compara con décadas anteriores, y una señal preocupante que desnuda la disposición del gobierno a ignorar los derechos fundamentales.

2) El derecho a la huelga y la negociación colectiva están protegidos constitucionalmente

En 1987, una serie de fallos de la Corte Suprema conocidos como la Trilogía Laboral confirmaron los peores temores de los sindicatos sobre la Carta: salió a la luz que el derecho a organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga no estaban protegidos por la constitución, que, según argumentaban los jueces, sólo protegía los derechos individuales, no los derechos colectivos de organizaciones como los sindicatos.

Las decisiones de la Trilogía Laboral estuvieron vigentes durante décadas, hasta que una serie de decisiones en 2015 anularon el precedente y encontraron que el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga están protegidos constitucionalmente. Estas decisiones se conocen como la Nueva Trilogía Laboral y se consideran, con razón, un cambio radical en la forma en que la organización laboral está protegida legalmente en Canadá. Tras esas decisiones, los gobiernos ya no pudieron promulgar leyes que incluyeran prohibiciones generales del derecho de huelga o de sindicalización.

La Nueva Trilogía Laboral todavía está vigente, razón por la cual las decisiones tomadas en Ontario contra los trabajadores de la educación de CUPE debe invocar la «cláusula no obstante», lo que en los hechos implica admitir de que están violando deliberadamente esos derechos.*

3) Canadá utiliza la legislación rompehuelgas de manera sorprendentemente regular

La legislación rompehuelgas que Ontario está utilizando contra los trabajadores de la educación es parte de un largo legado de los gobiernos canadienses, tanto federales como provinciales, que utilizan la legislación para convertir en ilegales las huelgas que de otro modo serían legales.

La primera pieza federal de la llamada legislación de «regreso al trabajo» en Canadá se promulgó en 1950 contra los trabajadores ferroviarios y no se volvería a utilizar hasta 1958. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, si contabilizamos tanto la legislación federal como la provincial, el uso de la legislación antihuelgas se disparó hasta alcanzar un promedio de cuatro a cinco veces por año (con una breve caída en la década de 1990).

Para poner eso en perspectiva, Estados Unidos tiene poderes similares para romper huelgas, pero solo ha usado esos poderes dos veces desde 1978.

El uso constante de Canadá de la legislación rompehuelgas ha llevado a algunos expertos, como el difunto politólogo Leo Panitch, a declarar “el fin de la era de la negociación colectiva libre en Canadá”. Dado que el gobierno puede, de un sólo plumazo, ilegalizar las huelgas que de otro moido serían perfectamente legítimas, argumenta Panitch, el derecho a la huelga no tiene existencia real.

4) Si CUPE desafía la legislación antihuelgas, no sería el primero en hacerlo

La legislación rompehuelgas puede ser una herramienta poderosa que los gobiernos de todos los niveles y de todos los partidos usan contra los trabajadores, pero los trabajadores en Canadá tienen una larga y orgullosa historia de desafiar dicha legislación para proteger los derechos de los trabajadores -los suyos y los de otros-, y eso es lo que ya han comenzado a hacer los trabajadores de la educación afiliados a CUPE.

De hecho, la forma en que muchos trabajadores federales ganaron su derecho a negociar fue a través de una huelga ilegal de trabajadores postales en 1965. En 1978, el liderazgo de CUPW desafió abiertamente la aplicación de la cláusula y los miembros de su consejo ejecutivo fueron arrestados y encarcelados. Apenas unos años más tarde, CUPW sería el primer sindicato nacional en obtener la licencia por maternidad para las trabajadoras postales, un derecho que rápidamente se extendió al resto del servicio público y luego, a través de la legislación, a todas las trabajadoras canadienses.

La legislación rompehuelgas también se utilizó en un intento de sofocar una huelga estudiantil de 2012 en Quebec, cuando los estudiantes luchaban contra un aumento de matrícula de casi el 80 por ciento. En aquel momento, el Proyecto de Ley 78 ilegalizó los piquetes cerca de los centros de enseñanza e impuso multas imposibles de pagar a los gremios de estudiantes que a pesar de las amenazas continuaron con la huelga. Éstos desafiaron abiertamente la ley y su desafío catalizó un amplio movimiento popular en apoyo del derecho de los estudiantes a la protesta y la huelga, un movimiento que terminó provocando la caída del gobierno del Partido Liberal de Jean Charest.

5) Los derechos sindicales y los derechos de las mujeres

El Proyecto de Ley 28 es un intento sin precedentes de revertir los logros obtenidos con tanto esfuerzo por los sindicatos para proteger el derecho a negociar. Es la primera vez desde la Nueva Trilogía Laboral que se intentan anular explícitamente las nuevas protecciones constitucionales para la actividad sindical y, si tiene éxito, no será la última.

Los trabajadores a los que se dirige el gobierno de Ontario con el Proyecto de Ley 28 son algunos de los trabajadores peor pagados en el sistema educativo de Ontario. También resultan ser abrumadoramente mujeres. El intento de estas trabajadoras por mejorar sus salarios y condiciones de trabajo debe entenderse como un intento de promover la igualdad de género en un país donde las mujeres ganan, en promedio, 89 centavos por cada dólar que ganan los hombres.

Históricamente, el movimiento laboral ha sido uno de los vehículos más poderosos para promover la igualdad de género en Canadá. Las dos terceras partes de los carteros rurales y suburbanos (RSMC) de Canada Post, son mujeres, en comparación con los carteros urbanos, que son hombres en un 69 por ciento. Los RSMC tienen salarios significativamente más bajos y peores beneficios que sus contrapartes urbanas, y CUPW continúa luchando arduamente para cerrar esa brecha. La Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC) luchó durante décadas por la equidad salarial de género en las industrias reguladas por el gobierno federal y logró la aprobación de la Ley de Equidad Salarial en 2021.

Con esto en mente, la «Ley para Mantener a los Estudiantes en Clase» debe verse como un ataque a los derechos de las mujeres en Canadá. Para que las mujeres trabajadoras cierren alguna vez la brecha salarial de género, los trabajadores y los sindicatos necesitarán  utilizar todas las herramientas a su disposición, incluído, por supuesto, el derecho de huelga.

Ontario tiene el dinero

Las provincias de Canadá, incluyndo a Ontario, han obtenido ingresos presupuestarios inesperados durante el último año, mientras que los trabajadores, especialmente las mujeres y otros grupos marginados, han sido los más afectados por el aumento de la inflación y una recesión inminente. La decisión del gobierno de Ontario de atacar el derecho de los trabajadores de la educación a negociar colectivamente no puede excusarse en problemas  de déficit presupuestal o llorando pobreza. El gobierno de Ontario tiene el dinero para pagar salarios dignos a los trabajadores de la educación, pero ha optado por no hacerlo, a menos que sea forzado.

Todos los políticos están sujetos a la presión popular. Que el Ministerio de Educación siga adelante con sus amenazas, y que otros gobiernos utilicen el Proyecto de Ley 28 como modelo y precedente para futuras leyes antihuelgas, dependerá de cómo respondan los electores individual y colectivamente. Y de cuántos se unan a la protesta. Ya sea que eso signifique comunicaciones dirigidas a los MPP, tocar puertas en campañas específicas, firmar peticiones, realizar protestas, o participar en acciones de solidaridad. Los electores preocupados y dispuestos a mostrar solidaridad con los y las trabajadoras de la educación, tienen muchas formas para hacer retroceder estas legislaciones que atentan en contra del derecho de huelga y que apuntan directamente contra el trabajo organizado.

* En el caso de 2015 en que se reconoció la protección constitucional del derecho de huelga la Corte Suprema de Canadá también reconoció que se pueden usar métodos alternativos de resolución de disputas, como el arbitraje vinculante, en lugar de la acción laboral, cuando las partes así lo acuerden. Los tribunales también reconocieron que el derecho de huelga podría limitarse en algunas circunstancias utilizando la Sección 1 de la Carta, que dice que los derechos de la Carta están “sujetos solo a los límites razonables prescritos por la ley que puedan justificarse de manera demostrable en una sociedad libre y democrática.

Nota publicada originalmente en The Monitor. Traducción Latin@s en Toronto