Canadá: Transparencia, verano y cálculo electoral

El viernes 18 de junio, el gobierno de Canadá le entregó al Parlamento, con seis meses de demora, los contratos firmados con las empresas proveedoras de vacunas contra la Covid-19. De esos documentos se eliminó toda la información relacionada con precios, sobre-precios, plazos de entrega, mecanismos de resarcimiento en caso de incumplimientos de las partes, etc. . Cabe preguntarse: ¿cuál podría ser el beneficio de que no sepamos qué se hizo en nuestro nombre? y ¿será esto una señal de que se anticiparán las elecciones?

 

Mientras tratamos de situarnos a mitad de camino entre un razonable optimismo y el temor ante la aparición de nuevas cepas de coronavirus, se impone pensar en el funcionamiento futuro de nuestras sociedades, y una de las dudas que surgen es ¿cómo incidirán las experiencias vividas durante la pandemia en nuestra (a veces inocente) percepción de la transparencia?

En octubre de 2020, Canadá comenzaba a anunciar la compra de vacunas a distintos laboratorios que presentaban resultados alentadores, y aunque sorprendió en su momento la urgencia que tuvieron las autoridades para asegurar la adquisición de un stock que triplicaba el de los EEUU o la Unión Europea, las noticias eran ciertamente alentadoras. Urgía poder realizar las compras necesarias y si los laboratorios imponían algunas condiciones de confidencialidad podía parecer natural no rechazarlas.

Sin embargo, ya en aquel momento en el mundo, y también en Canadá, surgieron dudas respecto a las exigencias y los condicionamientos que la industria farmacéutica imponía, ya que no se mantiene en secreto lo que debería ser público si no existe la voluntad de esconder algo.

Por esa razón varios países se vieron en la necesidad de no celebrar acuerdos que pudieran dañar su soberanía o que no respetaran el ordenamiento constitucional vigente y ante esas dudas la oposición logró que se aprobara una resolución en la que se ordenaba al gobierno federal que presentara los contratos que se habían firmado en fecha no posterior al 7 de diciembre de 2020, lo que, como sabemos (y como era previsible) no se cumplió.

Rodger Moran, en CanadianDimension, comenta con humor que “Friday afternoons are made for two things: pretending to care about your colleague’s weekend plans and, if you’re the government, releasing problematic news that you hope will be forgotten by Monday morning. In the political world, it’s called a Friday news dump, and the Trudeau Liberals could host a MasterClass on it.”

Algo similar había sucedido hace exactamente un año cuando el gobierno entregó la documentación que se le pedía acerca del escándalo de la hoy desaparecidísima Charity WE cuando ya no había tiempo para analizarla.

Siguiendo con esa costumbre, después de seis meses de vencido el plazo otorgado, a última hora del día viernes 18 de junio, faltando sólo una semana para que comience el receso parlamentario de 2021, el gobierno del primer Minstro Justin Trudeau finalmente entregó los contratos con los laboratorios farmacéuticos… pero incompletos.

En total violación con la orden de la Cámara había sido eliminado de los documentos todo el contenido que pudiera ser cuestionado en una comisión Parlamantaria.

El MP Don Davies, del NDP publicó los documentos tal como fueron entregados en su sitio web el viernes por la noche, dándonos la no frecuente oportunidad de conocerlos antes que el propio parlamento. Algo que importa ya que esta entrega de documentación incompleta podría ser un indicio de que tendremos elecciones anticipadas.

Lo eliminado y la posibilidad de elecciones anticipadas

A través del fárrago de la jerga contractual, propia de este tipo de transacciones, lo más sorprendente no es lo que podemos ver, que es en general información sin ninguna importancia, sino lo que se eliminó antes de que que la información se hiciera pública. En los contratos con AstraZeneca, Pfizer y Moderna faltan notablemente las secciones sobre precios, sobre-precios, cronograma de entregas, y todo lo que pudiera estar referido a garantías o penalizaciones por incumplimiento.

En esos párrafos y en esas secciones completas que aparecen en blanco y que han sido eliminados hasta del índice de los contratos, está lo por alguna razón, para el gobierno, debe escapar al escrutinio de la ciudadanía y de sus representantes.

Por ejemplo los precios y las primas ofertadas por Canadá en esa loca especulación pandémica de fines de 2020, que al aumentar la demanda en el contexto de una oferta limitada, incrementó los precios artificialmente, dificultando el acceso de los países más desfavorecidos a las vacunas.

Por ejemplo, los plazos de entrega pautados, que o bien no se cumplieron o bien eran diferentes a los que el gobierno publicitó en sus momentos de euforia navideña.

Por ejemplo, si existían instrumentos que aseguraran que los laboratorios cumplirían con lo acordado en tiempo y forma (algo que sabemos que no hicieron) o si el estado canadiense se protegió adecuadamente respecto a posibles incumplimientos.

Hemos presenciado durante meses un espectáculo nada edificante de avances y retrocesos en el proceso de vacunación, de caos informativo, de solapamiento entre las responsabilidades de diversos actores sin que se terminara de entender quién estaba a cargo de qué, de programas informáticos en los que se agendaban citas que nunca se concretaban, de generación de expectativas que luego eran desmentidas por la realidad, y de autoridades de un nivel de gobierno señalando a las otras como responsables de las dificultades que unos y otros creaban o eran incapaces de resolver…

Pero a pesar de todo eso, la respuesta del gobierno a la pandemia, en lo que tiene que ver con la economía y la protección de quienes veían afectadas sus posibilidades de trabajar, tuvo aciertos indudables, en parte debido a los acuerdos que el gobierno Liberal en minoría realizó con los partidos de la oposición.

Vale reproducir algunos párrafos de la nota de Karl Neremberg «Get ready for an unnecessary election»:

«The current Trudeau minority will likely be remembered for its vigorous attack on the harsh economic consequences of COVID-19.

Try to imagine what the current Liberal government would have done had it a majority when the pandemic struck. It is dead certain its measures would have been far less bold, far more deferential to corporate imperatives, and significantly less concerned with the fate of the poor and marginalised.

If today’s Liberals salivate after a majority, it is not because they believe they can provide more effective and accountable government that way.

It is rather because the Liberals fear more revelations along the lines of the WE affair or the military sexual misconduct scandals that saw House committees make moves to hold the government accountable for once. They are sick and tired of having to fend off impertinent and probing questions from opposition MPs.

The drive for a majority is about power, control, and the capacity to evade accountability. It has nothing to do with good government.»

De acuerdo al análisis de Neremberg, que se puede compartir sin mucho esfuerzo, detrás de las elecciones anticipadas de las que se ha comenzado a hablar esta semana existe, no un problema de gobernabilidad, sino la mala costumbre de buscar gobiernos mayoritarios que posibiliten ocultar lo que se hace con lo que es público…, y eso pone sobre la mesa un tema tabú para la inmensa mayoría de los candienses: las diferencias entre una república y una monarquía.

Uno de los problemas que tradicionalmente han tenido las repúblicas es el de la definición de qué información puede ser considerada secreta, durante cuánto tiempo y qué instituciones deciden qué es lo que puede ser retirado del conocimiento público.

Es un tema no saldado, pero su sóla existencia como problema ofrece algunas garantías. En una república no basta que un gobierno anuncie que algo será secreto para que la ciudadanía lo acepte. Las repúblicas no funcionan como mecanismos de relojería, pero al menos generan presupuestos institucionales en los que esconder lo que debe ser público se ve como una anomalía y no como un derecho de los gobernantes.

Eso que a quienes proceden de sociedades con tradiciones republicanas puede parecerles tan obvio, no está bien resuelto en las monarquías aunque sean constitucionales, ya que en el fondo, las monarquías constitucionales suelen ser repúblicas truncadas (como es el caso de España, por ejemplo, interrumpida en 1936 por un Golpe de Estadio militar respaldado por la Alemania de Adolf Hitler) o repúblicas inacabadas: repúblicas que no llegaron a serlo porque en algún momento de su historia se prefirió conservar viejas instituciones coloniales en lugar de asumir el riesgo de modernizarlas.

En las instituciones que enraizan en lo monárquico como es el caso de Canadá, la res-pública, la cosa pública, el acceso a toda la información y no sólo a la que el gobierno decida poner en conocimiento de la ciudadanía, sigue siendo algo que no parece estar del todo claro.

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