Algo puede ser natural y predecible… y al mismo tiempo constituir una sorpresa. Eso es especialmente cierto cuando un partido político en el poder debe cumplir lo que fueron en algún momento sus promesas de campaña. Por eso, para comprender lo que ocurrió en el parlamento federal el miércoles 24 de febrero, es necesario analizarlo a la luz del sistema electoral. . Un sistema diseñado para desincentivar que los electores penalicen los incumplimientos de quienes los gobiernan.

La última semana de febrero de lo que será el segundo año de pandemia, la Cámara de los Comunes rechazó una moción del NDP cuya aprobación hubiera significado un modesto primer paso hacia un sistema público de acceso a los medicamentos. Un tema que, vale recordarlo, ha estado presente en la agenda electoral del partido de gobierno desde hace varias décadas.

El resultado fue de 32 votos a favor de la iniciativa frente a 295 en contra, lo que la convierte, si se miran con frialdad los números, en un fracaso parlamentario de proporciones abrumadoras. Los 24 MP’s del NDP y los 3 del Partido verde votaron a favor de la moción y a ellos se unieron 2 liberales, 1 conservador y 2 independientes, entre ellos Jody Wilson-Raybould, la ex ministra de justicia liberal que debió renunciar cuando no accedió a beneficiar a la empresa SNC-Lavalin.

El proyecto proponía algunas medidas orientadas a que el gobierno Federal contribuya financieramente a la conformación de planes provinciales de acceso universal a los medicamentos y por esa razón se podría decir que se trataba de poco más que una declaración de principios en la que el Parlamento le facilitaba al Gobierno Federal la posibilidad de avanzar en una política con la que, paradójicamente, el Primer Ministro y todo su partido están de acuerdo.

En la campaña previa a las elecciones de 2019, Justin Trudeau expresó con claridad lo que ya había expresado claramente en 2015 (valga la redundancia):

«…we’re going to implement universal pharmacare, so all Canadians can get the prescription drugs they need…»

And that’s why we’re going to implement universal pharmacare, so all Canadians can get the prescription drugs they need. Read more about our plan to close the gaps in our health care system: https://t.co/dLdOsergjl https://t.co/Bd1RvSDKQa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 18, 2019

Obviedades e incongruencias

Que los representantes del Partido Conservador se opusieran a la iniciativa así como las razones esgrimidas para hacerlo no son ninguna sorpresa y están en sintonía con lo que les es habitual y obvio: ¿para qué generalizar algo que muchos ya tienen? ¿universalizar un beneficio no perjudicará a los que ya tienen el privilegio de disfrutarlo? En el fondo del alma de todo conservador que se precie está el horror a igualar a los que ya tienen con quienes todavía necesitan. Eso es viejo como el mundo y no inventan nada.

Por otra parte, que los parlamentarios del Bloc Québécois hayan votado en contra del financiamiento federal de algo que se supone que en su Provincia ya existe, podría ser una muestra de miopía autocomplaciente, pero al menos es racionalmente comprensible.

Sin embargo, lo que justifica lo que decíamos al comienzo de esta nota, que algo puede ser natural y predecible y ser al mismo tiempo una sorpresa, es la negativa del Partido Liberal. No sólo porque el acceso universal a los medicamentos ha sido una promesa reiterada una y otra vez en sus campañas, sino porque en sus argumentaciones durante el tratamiento de la medida, el apoyo parecía implícito. Y esa es una incongruencia poco menos que enfermiza.

Tal como recoge el periodista de Rabble Karl Nerenberg, la veterana MP liberal Judy Sgro, inició su intervención resaltando lo necesario que resulta, en estos de pandemia, que los candienses tengan un acceso seguro a los medicamentos:

«COVID-19, (…) has reminded us how important it is that Canadians have access to the medicines that keep them healthy. We need to implement a national pharmacare plan that gets Canadians the drug coverage they need as soon as possible … National pharmacare would make a significant difference in the lives of many people in my riding.»

A lo largo de su intervención, fue aún más allá de lo que el proyecto proponía e hizo referencia a la necesidad de regular los precios que las compañías farmacéuticas establecen para las drogas que comercializan (algo con lo que es imposible no estar de acuerdo) y sobre el final de su intervención, refiriéndose a su propio circuito electoral manifestó:

«The people of Humber River–Black Creek and across Canada want a national pharmacare plan. I am confident that the government will be successful in implementing the initiatives that I have outlined today, and I congratulate my colleague for bringing this issue forward in a private member’s bill so that we can continue to keep everybody’s feet to the fire.»

La comprensión de lo (aparentemente) incomprensible

Lo aparentemente incomprensible, lo que motivó la nota de Neremberg y la nuestra así como la reacción sorprendida de buena parte del país es ¿cómo es posible mostrar un grado tan alto de conformidad con una propuesta, reconocer que el cuerpo electoral espera que esa propuesta se haga por fin realidad, y después votar en contra sin dar muestras de que lo contradictorio de la situación cause algún tipo de vergüenza?

En palabras del periodista de Christo Aivalis en reciente nota de Canadia Dimension:

…»even before this COVID pandemic, millions of Canadians suffered without the medications they needed, and many were forced to choose between medicine and other basic needs. Indeed, since the Liberals first began promising pharmacare in the 1990s, the shifting nature of the labour market—with increasing amounts of precarious, contract, and gig workers—means that many people can no longer rely on workplace pharmaceutical (and dental) plans as previous generations did. It was already becoming evident that connecting essential healthcare to a particular form of employment was untenable, and then COVID hit, leaving many without jobs, and potentially losing forms of healthcare that are only feasible if they remain employed. For anyone on the fence, this pandemic should show not only the essentiality—but the urgency—to get the ball rolling on pharmacare. C-213 was that opportunity, now lost.»

Lo normal sería que aquellos que representan a un sector de la ciudadanía se esforzaran en cumplir las promesas realizadas en campaña (por las que recibieron el apoyo) o, al menos, intentaran convencer a sus votantes de que hay razones que lo impiden.

La contradicción entre lo manifestado por Sgro (y la estamos tomando sólo como ejemplo de la conducta sorprendente de todo su partido) y su voto, no es normal. Es una anomalía que sólo se entiende a la luz de un sistema electoral en el que la representación, por no ser proporcional, no es ni efectiva ni real.

De acuerdo al sistema electoral canadiense, quien representa un distrito sabe que no está representando a quienes lo votaron (que son por lo general una minoría) sino a la totalidad de la circunscripción, por lo que su atadura respecto a lo que ha prometido es sumamente laxa.

Pero sabe además que debido a una larga adaptación de los partidos -y también de los votantes- a ese sistema, cada uno de los bloque mayoritarios ya ha capturado a una parte sustancial del electorado, que lo votará entonces no por lo que haya cumplido sino por lo que sea capaz de prometer, cíclicamente, una y otra vez.

Faltar a lo prometido puede traer consecuencias, por supuesto, y lo estamos viendo en los índices de popularidad del gobierno, pero ese efecto se mitiga con facilidad en cada ciclo porque siempre es posible volver a prometer lo mismo. Un tema como el Pharmacare es más productivo como promesa permanente que como concreción.

Existe algo así como un mecanismo perverso por el cual los electores, llegado el momento de la elección, y en función de eso que en Canadá se ha dado en llamar “voto estratégico”, prefieren cerrar los ojos y confiar una vez más, en lugar de castigar, de una vez por todas, los incumplimientos.