La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, acaba de instar a EEUU, la Unión Europea y a otros países alineados a retirar cuanto antes las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela, basándose en su efecto sobre la población, pero sobre todo en su ilegalidad. .
Los dos argumentos principales se pueden resumir de este modo: 1) la mayor parte de las medidas coerctivas unilaterales implementadas son ilegales ya que para cumplir con la normativa internacional deberían tener la anuencia y contar con el control del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y 2) violan los derechos humanos, en especial los de las poblaciones más vulnerables, no sólo dentro sino también fuera de Venezuela.
Alena Douhan es una reconocida catedrática de Derecho Internacional y Administración de Justicia con una extensa actividad tanto en su país, Bielorrusia, como en organismos especializados de la Unión Europea. Fue Directora del Peace Research Center, ha publicado más de 120 libros y artículos sobre derecho internacional y sanciones extraterritoriales, y comenzó su tarea como relatora de la Organización de Naciones Unidas en marzo de 2020.
El impacto devastador de las sanciones, de acuerdo al informe preliminar de la relatora, afecta especialmente, pero no solo, a las personas en extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.
Alena Douhan y su equipo manifiestan haber tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de «revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia», pero el hecho de que el informe haga énfasis no sólo en las consecuencias tremendas de las medidas que se han venido adoptando desde 2015 (comenzando durante la administración de Barak Obama agravándose luego año tras año durante el gobierno de Donald Trump) sino en su ilegalidad, le pone al gobierno de Joe Biden y a otros gobiernos (entre ellos el de Canadá y los de 13 de los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima) una presión adicional tanto desde el punto de vista legal y político, como desde el punto de vista moral.
La relatoría especial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) continuarán trabajando en lo que será el informe definitivo, que será entregado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2021, por lo que se prevén (y serían deseables) cambios significativos en las políticas de EEUU, la Unión Europea y países como Inglaterra y Canadá hacia Venezuela, en los próximos meses.
La reacción, hasta el momento de escribirse estas líneas, es algo así como un «silencio de prensa» más que significativo.
Accedes al informe completo en la página web de Naciones Unidas.
