¿A quién podría importarle lo que suceda con gente que se obstina en vivir en el desierto?

Muchas veces es difícil encontrar las razones por las que algo deba importarnos. Por ejemplo: la suerte que corran los habitantes del Sahara Occidental podría tenernos sin cuidado, sobre todo mientras el mundo “normal” sufre una pandemia, porque ¿a quiénes, después de todo, se les puede ocurrir vivir en un desierto? .

Pero no es sólo porque se trata de gente hispanohablante como nosotros, aunque por lo general eso tampoco nos importe demasiado, que el tema debe interesarnos, sino porque uno de los princios básicos de la Carta de las Naciones Unidos, que recoge todo lo aprendido por la humandidad después de dos guerras mundiales, sostiene que no es aceptable el uso de la fuerza para adquirir soberanía sobre ningún territorio.

El Sahara Occidental, ocupado por España a partir del uso de sus costas en el tráfico de esclavos en el siglo XVI, permaneció bajo un satus colonial hasta 1975. En aquel momento España decidió retirarse simplemente, después de más de cuatro siglos, sin cumplir con la realización de un referendum que asegurase el traspaso de soberanía. Seguramente también pensaron que la gente que obstinadamente vivía en un desierto no merecía siquiera eso.

El Sahara Occidental y su gente sufren desde el retiro de España de la región en 1975 (que se realizó con una impronta de desidia y cobardía típicamente borbónica) el acoso diplomático y militar del reino de Marruecos y eso ha determinado que prácticamente el mundo entero, Canadá incluido, no reconozcan la soberanía marroquí en la región.

Desde 1984 la mayor parte de los países africanos reconocen la existencia de la República Democrática Árabe Saharawi como miembro de pleno derecho y desde 1991 las Naciones Unidas mantienen una zona desmilitarizada que separa los territorios ocupados por Marruecos de los que continúan bajo la autoridad saharawi (el Frente Polisario).

La mayor parte de los recursos del territorio se encuentran en la zona ilegalmente ocupada por Marruecos desde hace 45 años, mientras que la población saharawi se concentra en una estrecha franja limítrofe con Argelia.

Nuestro país se vio envuelto, hace algunos años, en una turbia red de negocios en la que estaban implicadas compañías mineras canadienses junto al rey de Marruecos en la explotación de fosfatos en territorio ocupado, pero desde 2017 esa situación parecía estar resuelta.

Sin embargo, cuando hace pocos días el Presidente Trump anunció que había logrado que Marruecos e Israel reiniciaran relaciones diplomáticas ¡¡a cambio de reconocer la soberanía marroquí en el Sahara Occidental!! y todo el mundo reaccionó con desconcierto y desagrado (incluidas importantes figuras de la política y la diplomacia estadounidense), el Ministro de Relaciones Exteriores Canadiense François-Philippe Champagne no demoró 24 horas en respaldar y darle la bienvenida a la iniciativa.

Aclaró que la posición del país en la cuestión del Sahara Occidental permanecía incambiada (porque eso es más que obvio), pero lo hizo con una tibieza preocupante y hemos vivido, una vez más, una situación del todo incómoda: que Canadá acompañe, de modo irreflexivo y casi automatizado, cualquier posicionamiento estadounidense, sin calcular el perjuicio que eso le causa en terminios de respetabilidad internacional y sobre todo sin que aparentemente importen el dolor y los peligros a los que se expone la población saharawi con “respaldos” como ese.

Ya nos hemos referido al pésimo resultado que tuvo el país cuando hace menos de un año se postuló para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no obtuvo, de parte de la comunidad internacional, el apoyo que esperaba. Porque el prestigio, por bien ganado que esté, también se pierde. Y un país no puede vivir de aciertos del pasado cuando se empeña en equivocarse, una y otra vez, en el presente.

Como señaló Karen Rodman, directora de la organización humanitaria candiense Just Peace Advocates:

Perhaps the Canadian government needs to be reminded that Canadians and the world are watching, and sees Canada’s complicity in crossing “the red line” in blatant disregard for international law. 

Perhaps Champagne needs to be reminded that Canada as a high signatory to the Fourth Geneva Convention is accountable under article one to ensure that the Convention is upheld in all circumstances. 

This means taking actions, including economic and diplomatic measures, to condemn violations by other countries. It certainly does not include celebrating normalization between occupying powers and echoing U.S. endorsements of such agreements. 

This is one more example of why the call by the Canadian Foreign Policy Institute for a review of Canadian foreign policy is much needed. Canada continues to show why it was not worthy of a seat on the United Nations Security Council, but does not seem to have heard the wake up call from Canadians or the international community.

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